La injerencia de Estados Unidos en los asuntos de Bolivia no ha cesado tampoco desde que en noviembre de 2017 el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) aprobó un recurso que posibilitó la reelección del presidente por cuarta vez.
Incluso, el senado estadounidense aprobó en abril una resolución que “pide” al Gobierno boliviano respetar “sus propios límites constitucionales en los mandatos presidenciales”, así como restablecer “la independencia de los órganos electorales y gubernamentales clave”.
Esta misma derecha boliviana ha solicitado abiertamente a Estados Unidos interferir en la elección prevista para este 20 de octubre, en una carta firmada por 12 legisladores, emitida en abril.
En el documento piden al presidente Donald Trump “tenga a bien interceder en América Latina y evitar que Evo Morales vuelva a postularse a la Presidencia”.
Todo esto favorece la postura de Estados Unidos para Bolivia asumida desde que Morales llegó al poder con la elección de 2005.
La nación norteamericana ha advertido que “en los últimos años”, la relación bilateral con Bolivia “se ha visto afectada por las decisiones” del mandatario.
Entre estas decisiones que cuestiona está la expulsión en mayo de 2013 de la expulsión de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la del propio embajador estadounidense.
Para Estados Unidos resulta incómoda la gestión de Morales, que ha reiterado desde que llegó al poder que su nación es soberana, independiente y que no se someterá a los chantajes de la Casa Blanca.
Esta resolución y otras declaraciones han alentado a la derecha boliviana, que pretende desconocer algún resultado que favorezca al líder indígena.
Al respecto, el mandatario boliviano asegura tener pruebas de que algunos dirigentes cívicos y exmilitares preparan acciones violentas en caso de ser reelegido.
Durante un acto de campaña en Potosí, Morales advirtió sobre este asunto: “¿Algunos grupos qué están diciendo? Si gana Evo vamos a desconocer, si gana Evo ya tienen planificado —quiero que sepan— hacer un golpe de Estado. Después hablan de democracia, después nos acusan de dictadura, ahí están los grupos golpistas".
De hecho, uno de los dirigentes derechistas que alienta esta posición es el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien se refugió en Estados Unidos, luego de haber sido procesado por la masacre conocida como Octubre Negro, que dejó 67 muertos y 400 heridos en la ciudad El Alto en 2003.
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